Resumen: Beneficiaria de renta básica autonómica a la que el INSS, al tener conocimiento de dicha circunstancia por el cruce de datos con la Comunidad Autónoma, le reconoce el ingreso mínimo vital, impugna las resolución administrativa que, tras haber devenido firme otra anterior decretando la extinción por no cumplir el requisito de vulnerabilidad económica, declara su indebida percepción. La instancia estima la demanda. La sentencia comentada, acepta una revisión fáctica, y confirma la decisión del Juzgado, aplicando la doctrina Cakarevik, ya que el reconocimiento del IMV fue de oficio, sin que la demandante contribuyera al error cometido por la Administración, siendo desproporcionado el reembolso de una prestación destinada a la cobertura de sus necesidades básicas de subsistencia.
Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia, que estimó demanda sobre impugnación de acto sancionador administrativos en materia de seguridad social, no habiendose acreditado (no consta en el acta de ITSS) ningún hecho que sea indicativo de una prestación de trabajo por cuenta ajena, más allá de la mera presencia física, por lo que no cabe deducir de tal sencillo hecho la existencia de relación laboral; no consta comprobada la prestación de servicios, que es el elemento fáctico sobre el que la norma estatutaria establece la existencia de trabajo por cuenta ajena, cuando dicha prestación se da en el ámbito de organización y dirección de la empresa.
Resumen: El INSS y la actora recurren una sentencia en que se discutió la compatibilidad de prestaciones no contributivas pues la actora era beneficiaria de una prestación a favor de familiares tras el fallecimiento de su padre con cargo y en posterior resolución se le reconoció el derecho a percibir la prestación de incapacidad no contributiva con cargo a la Consejería. Tras el fallecimiento de su madre se le reconoce el incremento del porcentaje correspondiente de su pensión en favor de familiares. La pensión en favor de familiares es incompatible, entre otras, con otras pensiones del Estado, provincia, municipio o de la Seguridad Social. La incompatibilidad se da en su disfrute, no en su reconocimiento, debiendo el beneficiario en quien concurra optar por una de ellas; y con los ingresos de cualquier naturaleza que superen, en cómputo anual, la cuantía del SMI vigente en cada momento también en cómputo anual. La infracción se entiende producida puesto que la pensión será incompatible con un determinado nivel de rentas y con la percepción de otra pensión pública y se tiene en cuenta otros ingresos de cualquier naturaleza que superen en cómputo anual la cuantía del SMI que para ese año. Y, aunque las prestaciones no superen conjuntamente el salario mínimo interprofesional durante todo ese periodo.
Resumen: La obligación de reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas prescribirá a los cuatro años, incluidos los supuestos de servicios de las prestaciones por error imputable a la entidad gestora. Pero se excepciona por aplicación del artículo 1 del Protocolo Adicional al Convenio para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas(TEDH caso Cakarevic) cuando se dan circunstancias como el error de la Gestora, la buena fe del beneficiario y su confianza en la rectitud del reconocimiento, la situación de vulnerabilidad económica del beneficiario, su edad avanzada, su carencia de rentas, etc., que hacen que la devolución de lo percibido poniendo en juego su propia subsistencia, supuestos en los que no procede la devolución de lo indebidamente percibido.
Resumen: El demandante solicitó el pago único de la prestación de desempleo para su aportación a una sociedad para ampliar de su Capital Social. Lo que se realizó fue un contrato privado de préstamo participativo de fecha 15-04-2019, suscrito por el demandante y la sociedad, por el que el demandante, en condición de prestamista aportaba a la tesorería de la mercantil 14.000 euros. La finalidad del pago único es la incentivación del trabajo en régimen de autoempleo, desde ese objetivo debe contemplarse cualquier irregularidad en los requisitos de control, que no deben privar al beneficiario de la prestación de alcanzar su objetivo final. Por eso, se considera que la ampliación de capital es una operación financiera para incrementar los recursos de una empresa que le permitan acometer nuevas inversiones o atender necesidades de financiación, y ello con la finalidad de autoemplearse e incluso crear puestos de trabajo, lo que se ajusta a la finalidad mencionada; el capital del préstamo se considera como una aportación a fondos propios de la sociedad y, por tanto, se ha producido el incremento de recursos contenido en la memoria justificativa.
Resumen: Por resolución de SEPE se declaró la extinción de la prestación por desempleo por salida de la beneficiaria al extranjero no comunicada ni autorizada por el organismo añadiéndose en la resolución que la actora no podría acceder a ninguna prestación o subsidio que pudiera corresponderle en el futuro. Desestimada en la instancia y en suplicación la demanda de impugnación de la resolución del SEPE, recurre en casación unificadora la actora. La cuestión debatida consiste en determinar si debe suprimirse de la resolución la mención a la imposibilidad de acceso a prestaciones o subsidios por agotamiento del derecho extinguido. La Sala IV estima el recurso y elimina tal expresión de la resolución impugnada porque la legislación vigente prevé únicamente como sanción la extinción de la prestación de desempleo, pero no la consecuencias de tal sanción sobre futuras solicitudes de prestaciones o subsidios. Aplicando el principio de legalidad en materia sancionadora, no pueden aplicarse consecuencias sancionadoras futuras no previstas en la norma.
Resumen: La empresa empleadora cursó la baja de la trabajadora en Seguridad Social indicando como causa de la baja un despido disciplinario, e hizo entrega a la actora de una comunicación escrita notificándole el despido disciplinario debido a las discrepancias surgidas en la forma de desempeñar sus funciones y las directrices de la Empresa. Finalizada la relación laboral, la demandante solicitó la reanudación de la prestación contributiva de desempleo reconocida el 26 de junio de 2018, lo que le fue reconocido con efectos de 10 de septiembre de 2019. Las actuaciones de la Inspección de Trabajo revelaron que la situación de desempleo era consecuencia del acuerdo de voluntades entre el empleador y la trabajadora, habiendo simulado un despido disciplinario, acordándose la extinción de la prestación. El recurso de ambas partes no altera la conclusión, destacando que la trabajadora hizo una primera declaración en la que admitía que había decidido extinguir voluntariamente su contrato de trabajo y no se ha justificado lo contrario.
Resumen: Trabajador despedido disciplinariamente con carta genérica, sin accionar frente a la decisión extintiva, impugna la resolución administrativa que acuerda revisar la precedente de reconocimiento de la capitalización del desempleo, y reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. La instancia desestima la demanda. La sentencia comentada, rectifica un error material de transcripción del relato judicial, rechaza tres revisiones fácticas, y confirma la decisión del Juzgado, argumentando que, no haber impugnado el despido por incumplimiento de las formalidades de la comunicación extintiva, seguido, sin solución de continuidad, de la adquisición de la licencia de taxi y el propio vehículo al que fuera su empleador para el inicio de la misma actividad que antes realizaba como trabajador por cuenta ajena, constituyen indicios de los que cabe inferir por vía de presunción humana que el despido fue una apariencia formal tendente a dar cobertura a una situación legal de desempleo inexistente.
Resumen: La demandante, beneficiaria de una pensión de viudedad complementada a mínimos, vio eliminado este complemento por el INSS, que dictó resolución suprimiéndolos y declarando la obligación de reintegrar las cantidades percibidas en tal concepto en un determinado periodo, con fundamento en superar las rentas mínimas al computar a tal efecto la subvención para rehabilitación (obras exteriores) de la vivienda. La sentencia de suplicación sostiene que la subvención concedida debe tomarse en consideración para la determinación de los ingresos y ello por cuanto el art. 59 de la Ley General de la Seguridad Social, al regular dicho complemento, dice que tendrán derecho a él los beneficiarios que no perciban (o que perciban en cuantía inferior a la que se establezca), entre otras, ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido en la ley del IRPF y dado que las subvenciones se integran en la base imponible general, en las ganancias a efecto de ingresos, deben computarse como tal y a esos efectos. Pero esta Sala IV, en la sentencia apuntada, reitera doctrina y colige que el concepto subvención recibida para la rehabilitación de un edificio en régimen de propiedad horizontal no es computable a los efectos del derecho al complemento a mínimos.
Resumen: La pensionista de viudedad con complemento a mínimos percibe indemnización autonómica (25.000) para realizar obras de rehabilitación de su vivienda habitual. La Resolución del INSS reclama reintegro de ingresos indebidos de complemento de garantía por mínimos de 2017. El JS estimó declarando el derecho al percibo del complemento a mínimos revocando las Resoluciones del INSS y el TSJ confirmó. En cud el INSS cuestiona si debe computar a efectos del complemento a mínimos la ayuda pública obtenida por la beneficiaria para la rehabilitación de la vivienda habitual protegida. La Sala IV remite a su STS de 12/12/23 r. 1073/21 que reproduce aplicando el art. 59 LGSS y examinando el hecho impositivo, atiende a la función social de la vivienda y el deber de conservación de la misma y los paralelismos con el subsidio de desempleo que excepciona la vivienda habitual. Razonó que los complementos a mínimos son de naturaleza asistencial y complementaria de pensiones contributivas respecto de las que mantiene clara autonomía, que garantiza ingresos suficientes por debajo a los cuales está la situación legal de pobreza. No apreció que la ayuda constituyera ganancia patrimonial que opere como límite al derecho siendo el objeto la ejecución de la obra en la vivienda habitual y debe seguir el mismo régimen que ésta, excluyéndose como rendimiento computable para entender cumplido el requisito de carencia de rentas. No incrementa el patrimonio, ni es plusvalía o ganancia patrimonial
